Israel
Aguilar Márquez
The
University of Sheffield
Las discontinuidades burocráticas
en la administración de Peña Nieto comenzaron antes de su toma de protesta. El equipo de transición del presidente electo desde hace
algunos días hizo pública la propuesta de modificaciones
estructurales para la Administración Pública Federal. Sin embargo,
la configuración institucional y organizacional de la burocracia
federal es definida por la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y su modificación depende sólo del Congreso de la
Unión. El jueves de la semana pasada, 22 de noviembre de 2012, las
Comisiones Unidas de Gobernación y de Seguridad Pública de la
Cámara de Diputados aprobaron
las reformas a esta ley. El pleno de San Lázaro lo aprobó
al día siguiente. La
iniciativa se turnó entonces al Senado de la República, donde las
discusiones y negociaciones se han detenido.
¿Cuáles
son los cambios más importantes que proponen los priístas para la
administración que iniciará en un par de días? Son dos las
modificaciones más relevantes. En primer lugar, la propuesta
contempla la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y
que la función de seguridad sea responsabilidad de la Secretaría de
Gobernación. En segundo lugar, se plantea la desaparición de la
Secretaría de la Función Pública y la creación de la Comisión
Nacional Anticorrupción, Organismo Público Autónomo. Además,
algunas funciones de fiscalización del erario pasarían a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La
función de la seguridad pública
Los
problemas en materia de seguridad pública no son recientes. Sin
embargo, en la década de los años noventa se comenzaron a emprender
acciones desde el ámbito federal de gobierno para darles solución.
Uno de los primeros avances, en la recta final del sexenio de Ernesto
Zedillo, fue la centralización de mandos policiales con la creación
de la Policía Federal Preventiva. Sin embargo, los problemas
existentes implicaban cambios profundos. Antes de la toma de protesta
de Vicente Fox, se había aprobado la creación de la Secretaría de
Seguridad Pública.
Así,
la SSP federal concentró las funciones en materia de seguridad que
dependían de la Secretaría de Gobernación, incluyendo el
Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (aunque
regresó a la SEGOB en 2009).
Sin embargo, los avances
decisivos en materia de seguridad pública se realizaron en el
sexenio de Felipe Calderón. A partir de 2006 no sólo se incrementó
el presupuesto destinado a este rubro, además, se creó la Policía
Federal, primer esfuerzo en México de crear un cuerpo de seguridad
nacional con carácter civil, profesionalizado, con funciones de
investigación e inteligencia (trascendiendo aquellas meramente
reactivas). También se diseñaron sistemas tecnológicos de gestión
y difusión de la información en materia criminal para los tres
ámbitos de gobierno («Plataforma
México»).
Finalmente, hace un par de semanas, fue inaugurado
el Centro de Investigación y Estudios en Seguridad (CIES), para
fortalecer el trabajo académico en temas de seguridad pública en
México.
La
reincorporación de las funciones de seguridad pública a la
Secretaría de Gobernación tiene la ventaja de ser una estructura
que Peña Nieto conoce. En 2006, cuando el presidente electo se
desempeñaba como Gobernador del Estado
de México, se creó la Agencia de Seguridad Estatal, como organismo desconcentrado de la Secretaría
de Gobierno mexiquense. Sin embargo, también nos hace recordar la etapa más oscura del
régimen que creíamos superado, donde existía una policía con
fines políticos, encargada de perseguir a los críticos del sistema
y acallar las voces discordantes. Por ello, los grupos parlamentarios
del PAN y el PRD en el Senado han manifestado que sólo aprobarán la
propuesta mientras se garanticen «controles
democráticos», entre ellos que los tres funcionarios principales de la Secretaría de Gobernación sean ratificados por el Senado, al igual que los jefes policiales, y que
se ofrezcan informes periódicos a la Cámara de Diputados.
La
seguridad en la función pública
La
historia de la Secretaría de la Función Pública inicia en 1958.
Durante el gobierno de Adolfo López Mateos se creó la Secretaría
de la Presidencia de la República con el fin de concentrar la
planificación y coordinación de las estrategias de la
administración federal. En 1976, López Portillo cambió sus
funciones y denominación, para crear la Secretaría de Programación
y Presupuesto. Esta dependencia llegó a concentrar tal poder e
influencia que los últimos tres presidentes priístas del siglo XX
fueron sus titulares durante el periodo de gobierno de su antecesor.
En 1992, durante el sexenio de Salinas de Gortari, desapareció la
Secretaría de Programación y Presupuesto, absorbiendo sus funciones
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, hacía
falta una entidad coordinadora que diera coherencia a las estrategias
y acciones de la administración pública. Así, en 1994, la
Secretaría de la Contraloría General de la Federación cambia su
nombre y adopta la función de armonizar la burocracia. Entonces, fue
creada la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo
(SECODAM).
La
SECODAM, durante su existencia, se centró en la función de
contraloría, descuidando el desarrollo de la gestión pública, por
lo que en 2003 se creó la Secretaría de la Función Pública. Sus
principales funciones, además de revisar el ejercicio del gasto
público, eran la organización y coordinación de los sistemas
administrativos federales, administración del Sistema de Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal,
investigar las conductas de los servidores públicos que pudieran
implicar responsabilidad administrativa, establecer las directrices
para los sistemas de control y evaluación, entre otras.
En 2009, el Presidente Calderón propuso desaparecer la Secretaría de la Función Pública, junto con la de
Turismo y Reforma Agraria, como parte de una estrategia de austeridad
en el sector público después de la crisis financiera mundial de
septiembre de 2008. Sin embargo, esa iniciativa fue rechazada por el Congreso de la Unión. Actualmente, en la Cámara de
Senadores, la discusión para su desaparición y el establecimiento
de la Comisión Nacional Anticorrupción radica
en el hecho de que no puede desaparecer la primera sin que se
instaure la segunda. La iniciativa aprobada en la Cámara de
Diputados contempla en los artículos transitorios que la Secretaría
de Hacienda asumiría
temporalmente sus funciones, hasta la creación de la Comisión
Anticorrupción.
De
esta manera, lo que parece ser la nueva configuración de la
administración pública federal centralizada presenta dos entidades
que concentrarán el poder político y financiero del Estado
mexicano. No es ilusorio pensar que el próximo candidato
presidencial del PRI surgirá de la Secretaría de Gobernación o la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin la adecuada
estructura de contrapesos para fiscalizar las dependencias
gubernamentales, se mantiene latente la amenaza de volver a un
momento político que creíamos superado. Hubo quienes hablaron del
fin del presidencialismo en México (Nacif,
2004), algunos se aventuraron a decir que la transición a la
democracia había concluido (Lujambio, 2001: 277). Lo cierto es que el andamiaje
institucional sobre el que se sostiene el Estado mexicano sigue
siendo endeble. Los gobiernos federales poco han contribuido para
preservar las buenas prácticas dentro de la gestión pública, y
corregir las insuficiencias por medio de aproximaciones
sucesivas. Seguimos reinventando el gobierno cada seis años.
