Israel
Aguilar Márquez
The
University of Sheffield
Las
principales mejoras al funcionamiento de la Administración Pública
Federal durante el sexenio de Vicente Fox fueron el establecimiento
del Sistema de Profesionalización del Servicio Público y la
instrumentalización del derecho al acceso a la información
gubernamental. Ninguna de ellas fue una iniciativa emanada de la
Presidencial de la República.
Servicio
Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
La
profesionalización del servicio
público había sido una aspiración
desde el
establecimiento de los gobiernos institucionales postrevolucionarios.
Sin embargo, fue hasta la década
de 1990 en
que distintos actores públicos
(principalmente académicos, políticos y funcionarios públicos)
enfatizaron
la necesidad de contar con servidores públicos calificados y hacer
de la función pública un ámbito meritocrático. Se
buscaba elevar el perfil profesional de los funcionarios,
mejorar el desempeño del servicio público, limitar al mínimo la
visión patrimonialista del Estado (que percibe a los cargos públicos
como un «botín»
que se reparte entre los allegados del político electo) y
la gestión pública basada
en improvisación
y ocurrencias.
Algunas
dependencias
públicas habían
implementado sistemas de gestión de recursos humanos y
profesionalización;
sin
embargo, aquellas propuestas eran limitadas, parciales y conservaban
un margen de discrecionalidad.
Entre las
dependencias
públicas que realizaron estos primeros esfuerzos
se
encuentran:
la
Secretaría
de Relaciones Exteriores,
Secretaría de Educación Pública, Comisión Nacional del Agua,
Instituto Federal Electoral y Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (Martínez
Puón, 2003).
En
octubre de 2000, el Senador priísta Carlos Rojas
Gutiérrez presentó la iniciativa de Ley
para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública
Federal. En abril de 2002 el Senador panista César Jáuregui Robles
presentó la iniciativa de Ley Federal del Servicio Público
Profesional. Finalmente, la Diputada perredista Magdalena del Socorro
Núñez Monreal presentó en octubre del 2002 la iniciativa de Ley
Federal del Servicio Público de Carrera. La iniciativa (síntesis de
las tres, pero basada principalmente en la propuesta de la bancada de
Acción Nacional) fue aprobada en octubre de 2002 por la Cámara de
Senadores y en marzo del 2003 por la Cámara de Diputados. El decreto
fue firmado el 9 de abril de 2003 por el Presidente de la República
y se publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal en el Diario Oficial de la
Federación al día siguiente.
En
términos generales, el sistema de profesionalización incluía siete
subsistemas, que de una manera holística y transversal consideraba
las distintas fases para la gestión de capital humano, desde antes
de su incorporación a la administración pública hasta después de
su separación. Los subsistemas eran los siguientes: 1) Planeación
de Recursos Humanos, 2) Ingreso, 3) Desarrollo Profesional, 4)
Capacitación y Certificación de Capacidades, 5) Evaluación del
Desempeño, 6) Separación y 7) Control y Evaluación. Además, el
medio de difusión que permitía vincular a la oferta con la demanda
laboral era un sitio web: trabajaen.gob.mx.
De esta manera, se pretendía eliminar la intervención de mediadores
que favorecieran a algún candidato, haciendo el proceso de selección
de los aspirantes objetivo y confiable.
Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Si la división de
poderes es un control indirecto del poder público, la transparencia
de las organizaciones gubernamentales y las solicitudes de
información permiten un control directo de los gobernados sobre los
gobernantes (Becerra
y Lujambio, 2006). En 1977, como parte de una profunda reforma
política, el artículo sexto de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos fue reformado el artículo sexto para
agregarle la frase: «el
derecho a la información será garantizado por el Estado».
Esta adición suscitó debates respecto a su contenido y alcance. En
1985, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que
esta reforma al artículo sexto constitucional no pretendió
establecer una garantía individual para que los gobernados
accedieran a la información de los órganos del Estado en el momento
en que lo quisieran. En 1996, con motivo de la matanza en Aguas
Blancas, Guerrero, la SCJN rectificó este criterio al reconocer que
el ejercicio del derecho a la información es fundamental para
mejorar la conciencia ciudadana y el progreso social. Así, las
autoridades gubernamentales debían hacer sus acciones del
conocimiento de sus gobernados, en respeto a la verdad. Varias
resoluciones posteriores confirman esta interpretación y se reconoce
que el artículo sexto constitucional consagra el derecho de todo
ciudadano a la información con el carácter de una garantía
individual (López-Ayllón
y Arellano, 2008).
Sin embargo, no fue sino
hasta 2002, en que esta garantía individual pudo aplicarse. En ese
año se aprobó por unanimidad parlamentaria la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuya
iniciativa había tenido su origen en la sociedad civil, impulsada
por el llamado «Grupo
Oaxaca», que se encontraba integrado por académicos,
organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.
Sin embargo, la política de transparencia y la ejecución de esta
ley han tenido diversas dificultades en su cumplimiento. Una de las
principales limitaciones para garantizar el derecho a la información
pública ha sido la resistencia de los sujetos obligados a acatar los
ordenamientos en materia de transparencia.
Discontinuidades
Desde el inicio de la
administración encabezada por Felipe Calderón, se evidenciaba el
manejo que tendría el sistema de profesionalización y la política
de transparencia. En primer lugar, en distintas entidades de la
Administración Pública Federal a los funcionarios que se
encontraban dentro del sistema (enlaces, jefes de departamento,
subdirectores, directores de área y directores generales), se les
solicitó su renuncia. Además, a lo largo del periodo calderonista
se utilizó el resquicio legal que otorgaba el artículo 34 de la
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la
Administración Pública Federal, que
contempla los casos excepcionales por los cuales se puede contratar
directamente a un funcionario, sin necesidad de hacerlo siguiendo los
pasos del sistema. Así, la excepción se hizo regla. Poco a poco se
ha ido desdibujando el sistema de profesionalización, al punto de
que han existido propuestas para
que desaparezca completamente.
Y es que simular que se cuenta con un
servicio público profesional resulta
sumamente costoso.
Con
respecto al acceso a la información. Desde el inicio del sexenio se
intentó eliminar a los comisionados del IFAI que resultaran
incómodos o sumamente críticos. Fue el caso de Juan Pablo Guerrero
Amparán. Así, al final de la renovación del IFAI el comisionado
presidente fue
Alonso
Lujambio
Irazábal, hombre de confianza de Calderón, quién abandonaría este
cargo tiempo después para integrarse al gabinete como Secretario de
Educación Pública. Además, las entidades públicas han
interpretado la Ley de Transparencia para preservar el principio de
opacidad, argumentando que ellas no son responsables de generar la
información específica para responder cada solicitud de
información, por el contrario, su única función es proporcionar la
información que se genera. Esta medida ha implicado que las
entidades públicas federales han dejado de producir documentos de
uso internos (como memorandos, oficios, circulares y comunicados) y
sólo responden favorablemente las solicitudes de información que
señalan puntualmente el o los documentos específicos.
Estos son sólo dos
ejemplos de discontinuidades burocráticas entre los sexenios foxista
y calderonista ¿Cuáles son las expectativas para el periodo que
está por comenzar?
