Discontinuidades burocráticas. Parte 2 de 3

Israel Aguilar Márquez
The University of Sheffield

Las principales mejoras al funcionamiento de la Administración Pública Federal durante el sexenio de Vicente Fox fueron el establecimiento del Sistema de Profesionalización del Servicio Público y la instrumentalización del derecho al acceso a la información gubernamental. Ninguna de ellas fue una iniciativa emanada de la Presidencial de la República.
Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal
La profesionalización del servicio público había sido una aspiración desde el establecimiento de los gobiernos institucionales postrevolucionarios. Sin embargo, fue hasta la década de 1990 en que distintos actores públicos (principalmente académicos, políticos y funcionarios públicos) enfatizaron la necesidad de contar con servidores públicos calificados y hacer de la función pública un ámbito meritocrático. Se buscaba elevar el perfil profesional de los funcionarios, mejorar el desempeño del servicio público, limitar al mínimo la visión patrimonialista del Estado (que percibe a los cargos públicos como un «botín» que se reparte entre los allegados del político electo) y la gestión pública basada en improvisación y ocurrencias.
Algunas dependencias públicas habían implementado sistemas de gestión de recursos humanos y profesionalización; sin embargo, aquellas propuestas eran limitadas, parciales y conservaban un margen de discrecionalidad. Entre las dependencias públicas que realizaron estos primeros esfuerzos se encuentran: la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación Pública, Comisión Nacional del Agua, Instituto Federal Electoral y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Martínez Puón, 2003).
En octubre de 2000, el Senador priísta Carlos Rojas Gutiérrez presentó la iniciativa de Ley para el Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. En abril de 2002 el Senador panista César Jáuregui Robles presentó la iniciativa de Ley Federal del Servicio Público Profesional. Finalmente, la Diputada perredista Magdalena del Socorro Núñez Monreal presentó en octubre del 2002 la iniciativa de Ley Federal del Servicio Público de Carrera. La iniciativa (síntesis de las tres, pero basada principalmente en la propuesta de la bancada de Acción Nacional) fue aprobada en octubre de 2002 por la Cámara de Senadores y en marzo del 2003 por la Cámara de Diputados. El decreto fue firmado el 9 de abril de 2003 por el Presidente de la República y se publicó la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal en el Diario Oficial de la Federación al día siguiente.
En términos generales, el sistema de profesionalización incluía siete subsistemas, que de una manera holística y transversal consideraba las distintas fases para la gestión de capital humano, desde antes de su incorporación a la administración pública hasta después de su separación. Los subsistemas eran los siguientes: 1) Planeación de Recursos Humanos, 2) Ingreso, 3) Desarrollo Profesional, 4) Capacitación y Certificación de Capacidades, 5) Evaluación del Desempeño, 6) Separación y 7) Control y Evaluación. Además, el medio de difusión que permitía vincular a la oferta con la demanda laboral era un sitio web: trabajaen.gob.mx. De esta manera, se pretendía eliminar la intervención de mediadores que favorecieran a algún candidato, haciendo el proceso de selección de los aspirantes objetivo y confiable.
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
Si la división de poderes es un control indirecto del poder público, la transparencia de las organizaciones gubernamentales y las solicitudes de información permiten un control directo de los gobernados sobre los gobernantes (Becerra y Lujambio, 2006). En 1977, como parte de una profunda reforma política, el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformado el artículo sexto para agregarle la frase: «el derecho a la información será garantizado por el Estado». Esta adición suscitó debates respecto a su contenido y alcance. En 1985, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sostuvo que esta reforma al artículo sexto constitucional no pretendió establecer una garantía individual para que los gobernados accedieran a la información de los órganos del Estado en el momento en que lo quisieran. En 1996, con motivo de la matanza en Aguas Blancas, Guerrero, la SCJN rectificó este criterio al reconocer que el ejercicio del derecho a la información es fundamental para mejorar la conciencia ciudadana y el progreso social. Así, las autoridades gubernamentales debían hacer sus acciones del conocimiento de sus gobernados, en respeto a la verdad. Varias resoluciones posteriores confirman esta interpretación y se reconoce que el artículo sexto constitucional consagra el derecho de todo ciudadano a la información con el carácter de una garantía individual (López-Ayllón y Arellano, 2008).
Sin embargo, no fue sino hasta 2002, en que esta garantía individual pudo aplicarse. En ese año se aprobó por unanimidad parlamentaria la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuya iniciativa había tenido su origen en la sociedad civil, impulsada por el llamado «Grupo Oaxaca», que se encontraba integrado por académicos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. Sin embargo, la política de transparencia y la ejecución de esta ley han tenido diversas dificultades en su cumplimiento. Una de las principales limitaciones para garantizar el derecho a la información pública ha sido la resistencia de los sujetos obligados a acatar los ordenamientos en materia de transparencia.
Discontinuidades
Desde el inicio de la administración encabezada por Felipe Calderón, se evidenciaba el manejo que tendría el sistema de profesionalización y la política de transparencia. En primer lugar, en distintas entidades de la Administración Pública Federal a los funcionarios que se encontraban dentro del sistema (enlaces, jefes de departamento, subdirectores, directores de área y directores generales), se les solicitó su renuncia. Además, a lo largo del periodo calderonista se utilizó el resquicio legal que otorgaba el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, que contempla los casos excepcionales por los cuales se puede contratar directamente a un funcionario, sin necesidad de hacerlo siguiendo los pasos del sistema. Así, la excepción se hizo regla. Poco a poco se ha ido desdibujando el sistema de profesionalización, al punto de que han existido propuestas para que desaparezca completamente. Y es que simular que se cuenta con un servicio público profesional resulta sumamente costoso.
Con respecto al acceso a la información. Desde el inicio del sexenio se intentó eliminar a los comisionados del IFAI que resultaran incómodos o sumamente críticos. Fue el caso de Juan Pablo Guerrero Amparán. Así, al final de la renovación del IFAI el comisionado presidente fue Alonso Lujambio Irazábal, hombre de confianza de Calderón, quién abandonaría este cargo tiempo después para integrarse al gabinete como Secretario de Educación Pública. Además, las entidades públicas han interpretado la Ley de Transparencia para preservar el principio de opacidad, argumentando que ellas no son responsables de generar la información específica para responder cada solicitud de información, por el contrario, su única función es proporcionar la información que se genera. Esta medida ha implicado que las entidades públicas federales han dejado de producir documentos de uso internos (como memorandos, oficios, circulares y comunicados) y sólo responden favorablemente las solicitudes de información que señalan puntualmente el o los documentos específicos.
Estos son sólo dos ejemplos de discontinuidades burocráticas entre los sexenios foxista y calderonista ¿Cuáles son las expectativas para el periodo que está por comenzar?

1 comment:

  1. Considero pertinente el dicho "lo del César, al César"; la profesionalización de los servidores públicos es urgente en nuestras instituciones públicas, todo proceso debe cumplir con un ciclo, desde una correcta planeación hasta una útil evaluación, círculo que sólo suele completarse cuando lo ejecuta personal capacitado y consciente de la importancia del mismo.
    Es lamentable darse cuenta de que hoy en día hay instituciones importantes que funcionan sin manual de organización y que tienen sustantivas pérdidas materiales por la inadecuada administración bajo la que operan.

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