(The University of Sheffield)
Todos hemos escuchado, visto o leído acerca del Servicio Secreto protegiendo al Presidente Estadounidense, la División de Fuerzas Especiales de Scotland Yard al servicio del Primer Ministro Británico y del Estado Mayor Presidencial garantizando la seguridad del Presidente de México. No importando dónde, todo Estado busca la forma de garantizar la seguridad de los gobernantes. Por ejemplo, en el Reino Unido, David Cameron cuenta con al menos un auto Jaguar blindado valuado en $6 millones de pesos. Barack Obama, se traslada en ‘La Bestia’, un Cadillac blindado de un costo aproximado de $5 millones de pesos. España, país en recesión económica, dota a sus alcaldes con autos de un valor de 1.5 millones de pesos cada uno. Todos ellos, países donde las tasas de criminalidad son considerablemente menores que en México.
Teniendo esto en cuenta, ¿por qué es entonces alarmante el
que Bruno Ferrari, Secretario de Economía de México, pretenda comprar una camioneta
blindada de menos de 2 millones de pesos?
En el actual ‘conflicto’ contra
el narcotráfico, alcaldes, militares y todo tipo de servidores públicos han
sido amenazados de muerte, ‘desaparecidos’ o asesinados por el crimen organizado.
Como funcionarios públicos enfrentan abierta y públicamente al crimen organizado, por ello deben contar con la
seguridad que requieren para realizar su trabajo; de lo contrario ellos, y todos nosotros, seguiremos siendo presas del temor. Temor que ha provocado
ya la renuncia de varios servidores públicos en estados como Guerrero, Morelia
y Tamaulipas.
Lo anterior lleva
indiscutiblemente a la siguiente pregunta: ¿Por qué ellos –los funcionarios de
gobierno– sí, y yo –ciudadano– no? Un cuestionamiento ciertamente válido y
justificable, pues, primero que nada, tomos somos igualmente ciudadanos.
Segundo, se puede argumentar que de existir un gobierno eficaz, capaz de
proveer mejores condiciones de seguridad, no sería necesario el dotar de
seguridad ‘especial’ o ‘particular’ a los funcionarios públicos. Más aún, como
se ha visto no sólo en México sino en todo el mundo, el otorgar –o seguir
otorgando– condiciones especiales a funcionarios públicos, propicia en algunos,
más no asegura en todos, el desarrollo de despotismo político.
Entonces, ¿qué hacer? Desde mi
punto de vista, no hay respuesta plenamente satisfactoria. Cualquiera que sea, su
respuesta nos habrá forzosamente llevado a escoger entre ‘el mejor de los males’.
El proteger a los funcionarios públicos, otorgándoles autos blindados y escoltas, entre otros, ha generado actos de prepotencia como el encabezado por
los escoltas de la diputada Esthela Damian en 2011. Por
otro lado, ¿qué hacer entonces en el caso de estados como Tamaulipas, donde el
alcalde de Hidalgo, Marco Antonio Leal, y el candidato al gobierno del estado,
Rodolfo Torre Cantú, fueron asesinados en 2010? ¿En Guerrero, donde el
candidato a diputado, Margarito Genchi, y el regidor de Cuajinicuilapa,
Concepción Villareal, fueron asesinados este año? Decidir no proveer de
seguridad especial a dicho tipo de funcionarios garantizará el riesgo a su persona y familiares,
los orillará a negociar con el crimen organizado y propiciará la continuidad –si no
empeoramiento– del actual estado de inseguridad al que justamente queremos
vencer.
Como dije previamente, responder
dicha pregunta resulta complicado. Definitivamente el ‘blindar’ a todos
nuestros servidores públicos no es la respuesta, de hecho sería
inaceptable e inviable. El dejarlos buscar su propia seguridad, como lo propone Abel Espín, coordinador del PRD en
Morelos, tampoco es opción. Desde un punto de vista personal, la respuesta
engloba dos factores principales. Primero que nada, es indiscutiblemente
necesario el que el Estado garantice la seguridad de los funcionarios públicos.
Sin ello no se podrá asegurar el respeto a
los derechos políticos o libertades civiles en México, muchísimo menos el cambio
socio-político positivo que la sociedad demanda. Segundo, y aún más importante, se requiere de funcionarios
capacitados, con real vocación y sentido de servicio público, que no consideren
al gobierno el medio para obtener privilegios personales a costa del beneficio
e interés público.
Sin duda, un tema controversial.
