By Jose Angel Garcia
(The University of Sheffield)
El tema del narcotráfico en México se ha convertido
ya en la noticia más importante sobre nuestro país. Diariamente reportajes,
editoriales, columnas de opinión, etc. en medios nacionales y extranjeros nos
recuerdan lo que –inconvenientemente– se ha convertido en el actual rasgo
distintivo de nuestro país: 50,000 muertos desde 2006. Mujeres y hombres en
diferentes partes de México se han convertido en parte de la estadística –desactualizada–
de ‘fallecimientos por presunta rivalidad delincuencial’. Sin embargo ¿qué es
lo que conoce el gobierno acerca de sus asesinos? ¿Algún ‘presunto’ responsable
ha sido identificado o sancionado?
Desafortunadamente, la provisión de justicia en México aún no es tan efectiva como en
países de Europa Occidental. Por ello, gran cantidad de delitos, incluyendo los
miles de homicidios antes mencionados, quedan impunes. De acuerdo a cifras de
ONGs, a nivel nacional menos de dos de cada 10 homicidios son resueltos en
México; siendo Chihuahua, Durango, Sinaloa y Guerrero, justamente los estados
con mayores problemas de seguridad por el narcotráfico, los que manifiestan los
peores niveles de impunidad en el país. Internacionalmente, en términos de número de homicidios de periodistas sin
resolver, el Comité para la Protección de los Periodistas recientemente colocó
a México dentro de los 10 países con mayor nivel de impunidad en el mundo.
Impunidad en el mundo
Fuente: CPJ, 2012.
Lo anterior claramente nos llevaría a pensar que en
México todos carecemos o careceremos de justicia cuando necesitemos de ella,
pues, en la mayoría de los casos, las instituciones
de seguridad han demostrado ser poco capaces de disuadir, prevenir,
perseguir y sancionar delitos. No obstante, casos como los condenables y
lamentables asesinatos de Fernando Martí en 2008, Juan Francisco Sicilia en
2011, y José Eduardo Moreira este año,
podrían cuestionar dicha aseveración. Debido a la relevancia de los personajes
involucrados (empresarios, dirigentes políticos y personalidades mediáticas), a
la presión social y a la excesiva cobertura mediática, los gobiernos locales y
federal han respondido rápidamente. Diferente a los cientos, miles de casos sin
resolver, por ejemplo, el de los migrantes asesinados y hallados en fosas
clandestinas en 2010 y 2011, en los homicidios de Martí, Sicilia y Moreira las
autoridades han cumplido (o al menos pretendido cumplir) con sus funciones al encontrar y agrupar (algunos
dirían sembrando) pruebas, identificar (otros dirían fabricando) culpables y
llevar a cabo los arrestos correspondientes.
Al decir lo anterior no pretendo negar la realidad
acerca del nivel de injusticia e inseguridad prevaleciente en nuestro país.
Muchísimo menos presentar a las instituciones de seguridad y justicia, dígase
la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República
junto con sus Ministerios Públicos, como instituciones modelo. Por el contrario,
considerando los recientes sucesos, es necesario evidenciar que lamentablemente
nuestro actual sistema de provisión de justicia promueve lo que yo llamaría una
des-impunidad selectiva. Es decir, a
pesar de que nuestras instituciones han demostrado poder ser capaces de
responder y actuar rápida y, en algunos casos, eficazmente, nuestro sistema de
justicia parece ser únicamente reactivo a las demandas de aquellos actores
capaces de organizar y movilizar la opinión pública para ejercer suficiente
presión social sobre el gobierno.
Con ello vale la pena preguntarse: ¿será posible
garantizar la impartición de justicia por igual a todos los familiares de las
víctimas de homicidio? La respuesta es un SI, es posible, pero no probable a
corto plazo. Como lo ha expresado la titular de la PGR, Marisela Morales, ‘la
realidad nos ha rebasado (al gobierno de México)’. Con un Ministerio Público
incapaz de investigar más del 20% de delitos en el país dado el actual
crecimiento exponencial en el número de homicidios (700% tan solo entre 2007 y
2010), desafortunadamente, en el corto plazo, las instituciones de seguridad y
justicia seguirán concentrándose (preferente más no únicamente) en aquellos casos que sean del mayor interés
público.
Para mayor información:
México Evalúa (2012), Más
delitos, más impunidad: La lógica de la injusticia en México, México,
disponible en http://www.mexicoevalua.org/descargables/1ef951_fact-sheet.pdf
CPJ (2012),
Getting Away with Murder, New York,
disponible en: http://cpj.org/reports/2012/04/impunity-index-2012.php
Rivera, M. y CH, R. (2011), Números rojos del sistema
penal, CIDAC, Octubre 2011, disponible en http://www.cidac.org/esp/uploads/1/CIFRAS.pdf
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