Manifestación contra la impunidad, o manifestación impune?


(The University of Sheffield)

Manifestación pacífica, marcha, plantones y bloqueos no son sinónimos. Desafortunadamente, la idea de un derecho a la libre manifestación en México ha sido ya incorrectamente asociada a dichas acciones, propiciando actos de vandalismo.

La Ciudad de México es, sino el semillero, el lugar por excelencia para la realización de marchas y manifestaciones. Desde asociaciones políticas, pasando por organizaciones de la sociedad civil, hasta grupos de ‘reggaetoneros’ hacen suyo el derecho de reunirse, marchar y protestar a lo largo del D.F. Y es que, es sumamente cierto; sin libertad de expresión, análisis, discusión y manifestación, ninguna sociedad puede avanzar para alcanzar el bien común.

Hablando específicamente del derecho a la manifestación, éste es un derecho que toda sociedad debe gozar; es una obligación de todo gobierno democrático y una garantía de buena gobernanza. Por ello, como lo hicieran por primera vez las constituciones belga de 1831 y la francesa de 1848, la ley Mexicana debe proteger, promover y garantizar el derecho de asociación, petición y manifestación de ideas por medios pacíficos. Ha sido gracias a manifestaciones que se han logrado cambios sociales importantes alrededor del mundo. Por ejemplo, la marcha por los derechos civiles en Washington en 1963 dónde Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso ‘Tengo un sueño’ (“I have a dream” en inglés) o las manifestaciones para lograr el voto a las mujeres en Estados Unidos.

Sin embargo, el derecho a la manifestación no debe ser usado para justificar actos que atenten contra el estado de orden y paz públicos. Es muy cierto que en su artículo 9º  la Constitución Mexicana establece la libertad de asociación pacífica con un objeto lícito. Sin embargo, el artículo 6º de la propia Constitución menciona también que dicho derecho está sujeto a que no se ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público. Hablando de convenciones internacionales, la Convención Americana de Derechos Humanos, reconoce el derecho de reunión, siempre y cuando éste se dé de forma pacífica, sin armas y sin alterar la seguridad y orden públicos.

Si consideramos lo anterior, el pasado Sábado fuimos testigos del movimiento #1Dmx, un movimiento que comenzó siendo pacífico pero que se convirtió o desintegró en una protesta violenta, fuera de control, usada en contra de propiedad pública y privada, y del orden público. La manifestación, que de acuerdo a algunos de los participantes se realizaba en contra de la impunidad en la ley electoral, inició como un movimiento de carácter pacífico alentado por asociaciones como la del movimiento #Yosoy132 y la Sección 22 de profesores de Oaxaca. Sin embargo, con el paso del tiempo, y dada la propia desorganización de la manifestación; individuos, actores y grupos de choque de fuera y dentro de #YoSoy132 hicieron -en palabras de Cesar Colín uno de sus representantes- uso de la violencia como método de discurso político.

A pesar de que la Asamblea integrante y organizadora de dicha ‘operación’ –como llamarón a la manifestación del día 1 de Diciembre– emita comunicados y llame a ruedas de prensa donde se deslinda de toda actividad ilícita o violenta en dicho día, el hecho de que ciertos participantes de dicha manifestación –miembros o no de #132– actuaron en hechos ilegales, es innegable. Con camiones incendiados, ataques a la autoridad, destrucción de cajeros automáticos, ataques a automovilistas y pintas a monumentos históricos entre otros daños, la actuación de los cuerpos policíacos no sólo era necesaria, sino demandable.

Muchos, principalmente los organizadores del movimiento y medios de comunicación afines a él, hablan ya de represión policial, de un operativo de seguridad torpe y de un uso de fuerza desproporcionado. Sin embargo, cual era entonces la respuesta que se esperaba por parte de las fuerzas del orden frente a tales hechos vandálicos? Como ciudadanos buscamos siempre la efectividad policiaca frente a un robo o cuando grupos del crimen organizado incendian tráileres y bloquean avenidas. Por qué entonces defender a quienes atacaron el orden público? Por qué mientras se manifiesta contra la impunidad se exige ahora dejar impunes los resultados de una manifestación vandálica? 

No se trata de ir en contra de organizaciones sociales, puesto esto sería condenable. Tampoco sería correcto decir que el desarrollo de manifestaciones organizadas por organizaciones sociales como #yosoy132 es el problema, pues es gracias a estos movimientos que existe una mayor diversidad de opiniones en lo que Habermas llama la esfera pública. El problema es la inherente desorganización de manifestaciones como la del #1Dmx, carentes de una claridad en sus objetivos, participantes, organización y fin último. 

Lo anterior sólo lleva a confundir y a defender puntos antagónicos: mientras inicialmente organizaciones como #yosoy132 se desligaban de los responsables de actos vandálicos, las mismas organizaciones terminan defendiendo a los encapuchados e incitadores presos quienes ahora son considerados ‘compañeros’ del movimiento.  


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