(The University of Sheffield)
Manifestación pacífica, marcha,
plantones y bloqueos no son sinónimos. Desafortunadamente, la idea de un derecho
a la libre manifestación en México ha sido ya incorrectamente asociada a dichas
acciones, propiciando actos de vandalismo.
La Ciudad de México es, sino el
semillero, el lugar por excelencia para la realización de marchas y
manifestaciones. Desde asociaciones políticas, pasando por organizaciones de la
sociedad civil, hasta grupos de ‘reggaetoneros’ hacen suyo el derecho de reunirse,
marchar y protestar a lo largo del D.F. Y es que, es sumamente cierto; sin
libertad de expresión, análisis, discusión y manifestación, ninguna sociedad
puede avanzar para alcanzar el bien común.
Hablando específicamente del
derecho a la manifestación, éste es un derecho
que toda sociedad debe gozar; es una obligación
de todo gobierno democrático y una garantía
de buena gobernanza. Por ello, como lo hicieran por primera vez las
constituciones belga de 1831 y la francesa de 1848, la ley Mexicana debe proteger,
promover y garantizar el derecho de asociación, petición y manifestación de ideas
por medios pacíficos. Ha sido gracias a manifestaciones que se han logrado
cambios sociales importantes alrededor del mundo. Por ejemplo, la marcha por
los derechos civiles en Washington en 1963 dónde Martin Luther King Jr. pronunció
su famoso discurso ‘Tengo un sueño’ (“I have a dream” en inglés) o las
manifestaciones para lograr el voto a las mujeres en Estados Unidos.
Sin embargo, el derecho a la
manifestación no debe ser usado para justificar actos que atenten contra el estado
de orden y paz públicos. Es muy cierto que en su artículo 9º la Constitución Mexicana establece la libertad
de asociación pacífica con un objeto lícito. Sin embargo, el artículo 6º de la propia
Constitución menciona también que dicho derecho está sujeto a que no se ataque
a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el
orden público. Hablando de convenciones internacionales, la Convención
Americana de Derechos Humanos, reconoce el derecho de reunión, siempre y cuando
éste se dé de forma pacífica, sin armas y sin alterar la seguridad y orden
públicos.
Si consideramos lo anterior, el
pasado Sábado fuimos testigos del movimiento #1Dmx, un movimiento que comenzó
siendo pacífico pero que se convirtió o desintegró en una protesta violenta,
fuera de control, usada en contra de propiedad pública y privada, y del orden
público. La manifestación, que de acuerdo a algunos de los participantes se
realizaba en contra de la impunidad
en la ley electoral, inició como un movimiento de carácter pacífico alentado por
asociaciones como la del movimiento #Yosoy132 y la Sección 22 de profesores de
Oaxaca. Sin embargo, con el paso del tiempo, y dada la propia desorganización
de la manifestación; individuos, actores y grupos de choque de fuera y dentro
de #YoSoy132 hicieron -en palabras de Cesar Colín uno de sus representantes-
uso de la violencia como método de discurso político.
A pesar de que la Asamblea integrante
y organizadora de dicha ‘operación’ –como llamarón a la manifestación del día 1
de Diciembre– emita comunicados y llame a ruedas de prensa donde se deslinda de
toda actividad ilícita o violenta en dicho día, el hecho de que ciertos
participantes de dicha manifestación –miembros o no de #132– actuaron en hechos
ilegales, es innegable. Con camiones incendiados, ataques a la autoridad, destrucción
de cajeros automáticos, ataques a automovilistas y pintas a monumentos
históricos entre otros daños, la actuación de los cuerpos policíacos no sólo
era necesaria, sino demandable.
Muchos, principalmente los
organizadores del movimiento y medios de comunicación afines a él, hablan ya de
represión policial, de un operativo de seguridad torpe y de un uso de fuerza
desproporcionado. Sin embargo, cual era entonces la respuesta que se esperaba
por parte de las fuerzas del orden frente a tales hechos vandálicos? Como
ciudadanos buscamos siempre la efectividad policiaca frente a un robo o cuando
grupos del crimen organizado incendian tráileres y bloquean avenidas. Por qué
entonces defender a quienes atacaron el orden público? Por qué mientras se
manifiesta contra la impunidad se exige ahora dejar impunes los resultados de
una manifestación vandálica?
No se trata de ir en contra de
organizaciones sociales, puesto esto sería condenable. Tampoco sería correcto
decir que el desarrollo de manifestaciones organizadas por organizaciones
sociales como #yosoy132 es el problema, pues es gracias a estos movimientos que
existe una mayor diversidad de opiniones en lo que Habermas llama la esfera pública.
El problema es la inherente desorganización de manifestaciones como la del
#1Dmx, carentes de una claridad en sus objetivos, participantes, organización y
fin último.
Lo anterior sólo lleva a confundir y a defender puntos antagónicos:
mientras inicialmente organizaciones como #yosoy132 se desligaban de los
responsables de actos vandálicos, las mismas organizaciones terminan
defendiendo a los encapuchados e incitadores presos quienes ahora son
considerados ‘compañeros’ del movimiento.
